Coatepec, Veracruz. Propietarios de tierras invadidas en Coatepec denunciaron la inacción de las autoridades y las irregularidades en los intentos de desalojo. A pesar de contar con una sentencia judicial favorable, los propietarios enfrentan una situación desesperante debido a la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y otros organismos gubernamentales.

Un nuevo intento fallido de desalojo

El día 17 de diciembre de 2024, vecinos de Jinicuil Manso, ubicado en la Sierra Alta de Coatepec, asistieron a la Unidad Integral de Procuración de Justicia con la finalidad de dar desahogo a una nueva orden de desalojo que debía cumplirse en esta fecha. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) nuevamente incumplió con la orden judicial, lo que provocó la movilización de los afectados.

Ante la falta de acción, los afectados se dirigieron al interior del Ayuntamiento de Coatepec, donde se realizaba la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Una vez concluida la reunión, el secretario regional de la Mesa de Paz, Ernesto Malpica Alcántara, se comprometió a reunirse con los manifestantes para escuchar sus demandas. En dicha reunión también participaron el teniente Caleb Velasco, de la Guardia Nacional, y Magdalena Hernández, representante del Centro Nacional de Inteligencia.

Denuncias de abuso y antecedentes del conflicto

Los afectados expusieron los antecedentes del caso, destacando que esta región ha sido objeto de constantes invasiones por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos (CIOAC). A lo largo del conflicto, se han registrado 17 intentos fallidos de desalojo debido a las constantes negativas de la SSP, con excusas como el supuesto mantenimiento vehicular de las patrullas.

En abril de este año, se llevó a cabo el único intento en el que se desplegó seguridad pública. Sin embargo, el operativo terminó en un episodio de violencia y saqueo que, según los propietarios, no estuvo en ningún momento respaldado ni promovido por ellos, ya que su prioridad ha sido resolver el conflicto de manera pacífica. Relataron que, en lugar de ejecutar la diligencia conforme a la ley, los elementos de seguridad destruyeron bienes, golpearon a los presentes y robaron pertenencias. Entre los objetos sustraídos se mencionaron el estéreo de un taxi y hasta animales de corral.

“Ninguno de nosotros quiere violencia a pesar de que esta situación nos ha llevado a la desesperación”, expresó uno de los afectados durante la reunión. Denunciaron también que los invasores parecen contar con apoyo encubierto de funcionarios, lo que agrava el conflicto y genera mayor frustración entre los propietarios.

Compromiso y llamado al gobierno federal

Durante la reunión con los manifestantes, Ernesto Malpica Alcántara, secretario regional de la Mesa de Paz, se comprometió a apoyar a los afectados buscando la intervención de las autoridades responsables para resolver el caso de manera pronta. Los afectados reiteraron su llamado al gobierno federal para que intervenga y garantice el cumplimiento de la sentencia judicial, evitando una escalada de violencia en la región.

Exigen respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la ley

Los propietarios recalcaron que el mandato judicial ordena el desalojo físico y material de los invasores, con un inventario de los bienes retirados y la garantía de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, estas directrices han sido ignoradas. “Lo que queremos es que se cumpla la ley como está ordenado. Nada más”, insistieron.

Mientras tanto, los invasores continúan ocupando las tierras y reforzando sus posiciones, alimentando el temor de los propietarios de perder sus bienes de manera definitiva.