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Cultura Errante

Cultura y resistencia en movimiento


El pasado jueves 8 de mayo, la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas fue escenario de un encuentro singular: la inauguración de la exposición 《Mi gato》 de la artista japonesa Naoi Akari. Esta muestra formó parte del Convenio de Intercambio Académico entre la Universidad Veracruzana y la Academia de Artes y Diseño de Sokei, Japón, y nos permitió sumergirnos en un mundo visual cargado de humor, ironía y una sutil crítica cultural.

Desde Cultura Errante acompañamos la apertura de esta exposición que, lejos de ofrecer respuestas fáciles, sembró preguntas. ¿Qué tipo de mundo se gesta dentro de Naoi Akari? ¿Es el gato una metáfora del yo? ¿Qué hay detrás de esa ternura engañosa que transmite su obra?

Naoi, formada entre dibujos animados estadounidenses, dulces exóticos y una familia de veterinarios, construye desde el grabado —con su paciencia y lentitud— una narrativa íntima que oscila entre lo oscuro y lo entrañable. Su gato, protagonista reiterado, es todo menos domesticado: es perezoso, glotón, encantador, pero también solitario y sincero. Ese animal que “odia muchísimo” cuando es reducido a mercancía, es también una extensión simbólica de ella misma.

《Mi gato》 no es una oda a los felinos, sino a la contradicción humana. Una búsqueda estética de lo esencial, aún cuando sepamos que “no existe la esencia de la cosa”, como señala el texto curatorial. Y sin embargo, algo se siente como esencia. Algo duele, algo brilla, algo se reconoce.

La obra de Naoi busca acercarse a sí misma. Y desde ese lugar, invita al espectador a hacer lo mismo.










Fotos: MA Hidalgo






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El pasado 24 de marzo, comunidades organizadas en la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), junto con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El recurso legal fue aceptado por el Juzgado 15° de Distrito en Veracruz, que concedió una suspensión provisional y ordenó la aplicación inmediata de medidas para reducir la contaminación de los ríos y humedales de la región.

La demanda va dirigida contra autoridades municipales, estatales y federales, por su responsabilidad en el deterioro ambiental causado por el vertido de aguas residuales sin tratamiento. Los demandantes argumentan que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa un riesgo sanitario y ecológico para los pueblos de la cuenca.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, integrantes de PUCARL realizaron un monitoreo comunitario del agua en 13 puntos distribuidos en municipios como Xico, Teocelo, Coatepec, Jalcomulco, Apazapan y Xalapa. Los resultados muestran que el 100% de las muestras superan los límites permitidos de Escherichia coli para el contacto humano, lo cual evidencia una grave afectación a la calidad del agua.

La suspensión judicial obliga a las autoridades a identificar y detener fuentes de descarga directa, activar las plantas de tratamiento existentes, establecer una coordinación intermunicipal para el saneamiento de los cuerpos de agua y elaborar un mapeo general del sistema de saneamiento regional.

Uno de los aspectos centrales de la demanda es el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos. Esta figura, que ha sido adoptada en otros países y en algunos precedentes nacionales, busca garantizar la protección integral de los ecosistemas hídricos, considerando su valor ecológico y social, más allá de su utilidad económica.

Desde 2010, las comunidades han impulsado acciones de conservación, vigilancia ciudadana y defensa del territorio. A pesar de la ausencia de políticas públicas efectivas, han construido procesos de organización que buscan frenar el deterioro ambiental y garantizar el derecho al agua limpia.

PUCARL hizo un llamado público a las autoridades para que se cumpla con la normatividad ambiental vigente, se otorgue la suspensión definitiva y se garantice un proceso de remediación serio y transparente. También convocaron a otras comunidades, colectivos y organizaciones a respaldar el proceso legal, y a la sociedad en general a informarse y participar en la defensa de los bienes comunes.

El caso de la Cuenca La Antigua pone en evidencia las consecuencias de una política ambiental ineficiente, así como la capacidad de respuesta de las comunidades cuando el Estado falla en su función básica de garantizar condiciones de vida dignas. La vía legal que ahora se inicia no solo busca resolver una crisis sanitaria y ecológica, sino también establecer precedentes que fortalezcan los mecanismos ciudadanos de control y exigencia ante la negligencia institucional.
  • ¿Qué papel deberían asumir los gobiernos locales frente a esta situación ambiental?
  • ¿Es viable reconocer jurídicamente a los ríos como sujetos de derechos?
  • ¿Qué experiencias conocen de monitoreo o defensa comunitaria del agua en otros territorios?
  • ¿Cómo se puede fortalecer la participación ciudadana en la protección de los bienes naturales?




Fotos. MA Hidalgo
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En México, la organización comunitaria y las luchas sociales han sido históricamente un contrapeso ante el abuso de poder. Desde la defensa del territorio hasta la exigencia de derechos laborales o ambientales, estas luchas han nacido de la necesidad de resistir y sobrevivir. Sin embargo, cada día es más frecuente toparse con la amenaza sutil y peligrosa que se cierne sobre estos movimientos: la cooptación de sus banderas por parte de actores que no las representan, pero las usan. Se trata de una instrumentalización que simula empatía mientras reproduce lógicas de control, clientelismo y simulación.

Detrás de discursos solidarios, eslóganes “inclusivos” y campañas que adoptan el color que mejor convenga según la coyuntura, se camuflan políticos y funcionarios públicos que convierten las causas en plataformas de posicionamiento, organizaciones más preocupadas por conservar sus subsidios que por defender sus principios, y empresas que adornan sus logotipos con hojas y gotas de agua para encubrir prácticas extractivistas. A este elenco se suman ciertos académicos, siempre atentos al próximo recurso disponible, venga de donde venga, con tal de mantener activa la maquinaria de consultorías, diagnósticos y seminarios. 

Esta distorsión no solo banaliza las luchas legítimas, sino que también confunde a la opinión pública, divide comunidades y, lo más grave, pone en riesgo a quienes realmente luchan por transformar su realidad.


Greenwashing: el disfraz ambiental del capital

El término “greenwashing” (lavado verde) se refiere a estrategias de marketing utilizadas por empresas para mostrarse como responsables con el medio ambiente mientras llevan a cabo actividades altamente contaminantes o extractivistas. En México, los ejemplos sobran.

La empresa FEMSA, a través de su marca Coca-Cola, ha sido señalada por extraer enormes cantidades de agua en regiones con crisis hídrica, como San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A pesar de las protestas de las comunidades indígenas y de los estudios que documentan el impacto, FEMSA se mantiene como patrocinador de eventos ecológicos y aliados de algunas ONG ambientales, reproduciendo una imagen de responsabilidad social empresarial completamente disonante con su accionar.

Otro caso emblemático es el de Grupo México, responsable de uno de los peores desastres ecológicos en la historia reciente del país: el derrame de tóxicos en el Río Sonora en 2014. A pesar de ello, la empresa aparece frecuentemente en rankings de “empresas sustentables” y continúa operando con la venia del Estado.

La complicidad entre estas corporaciones y algunas organizaciones ambientales plantea una pregunta: ¿Puede una organización mantener la coherencia y autonomía cuando su financiamiento proviene de aquello que combate?


Política clientelar: la apropiación de las causas

En el terreno político, la instrumentalización adquiere formas más complejas y peligrosas. La creación de “mesas de diálogo”, “consejos ciudadanos”, “contralorías ciudadanas” o “grupos de trabajo” se presenta como un esfuerzo institucional para acercarse a las demandas de la sociedad. Sin embargo, muchas veces son mecanismos diseñados para controlar la disidencia y contener la organización real.

En las campañas electorales, es común ver a candidatos y candidatas aparecer en marchas, foros y asambleas, tomarse fotos con activistas y prometer cambios. Pero una vez en el poder, esas promesas se desvanecen. En el mejor de los casos, se reduce la lucha a programas asistencialistas. En el peor, se criminaliza a quienes no aceptan el rol decorativo que se les asigna.

También hay quienes logran integrar a líderes comunitarios en puestos públicos o en fundaciones vinculadas al gobierno, no para potenciar sus causas, sino para neutralizarlas. Esta práctica mina la autonomía organizativa, divide al movimiento y desmoraliza a la base.


La otra cara de las ONG

Muchas organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel valioso en la articulación de agendas, la denuncia y el acompañamiento. Pero otras se han convertido en espacios que responden más a la lógica del financiamiento que a las necesidades reales del territorio. Su dependencia económica de organismos internacionales o del sector privado genera una tensión entre el discurso comunitario y la lógica de la supervivencia institucional.

La profesionalización de las luchas ha generado una tecnocracia del activismo donde las causas se traducen en métricas, indicadores y proyectos financiables. El resultado es un distanciamiento entre quienes viven las problemáticas en carne propia y quienes las traducen en informes que pocas veces regresan a la comunidad.


Un llamado a la vigilancia colectiva

Frente a esta realidad, es urgente fortalecer una conciencia crítica que permita a las comunidades y a la ciudadanía en general distinguir entre compromiso real e intereses disfrazados. No basta con que alguien diga que está “a favor del agua” o “en contra de la minería”; hay que observar sus alianzas, su financiamiento, su historia y su coherencia.

Las causas sociales no son una marca, ni una herramienta de marketing. Son expresiones de dignidad frente a un sistema que empobrece, excluye y destruye. Por ello, su defensa requiere autonomía, honestidad y memoria.

La instrumentalización de las luchas no solo es una traición a quienes las encabezan; es una amenaza a la posibilidad misma de construir un país más justo. Y como toda amenaza silenciosa, necesita ser visibilizada para que deje de operar en las sombras
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Maltrato animal disfrazado de arte: La contundente crítica de Avelina Lésper

"Maltratar animales no es arte" —con esta frase contundente, la reconocida crítica de arte Avelina Lésper inicia un demoledor análisis en un reciente video de su cuenta de TikTok, donde denuncia las prácticas crueles de artistas como Marco Evaristti y otros, quienes bajo el pretexto de "denuncia social" someten a animales a sufrimiento innecesario.

Su reflexión no solo expone la hipocresía detrás de estos actos, sino que cuestiona por qué museos, curadores y el sistema del arte contemporáneo legitiman este tipo de violencia. ¿Realmente puede llamarse "arte" a la tortura de seres vivos?

Lésper aborda el caso de Marco Evaristti, un artista danés que alcanzó notoriedad por obras que rayan en lo sádico: desde peces en licuadoras funcionales (que algunos espectadores accionaron) hasta tres cerditos encerrados en un carrito de supermercado, dejados morir de hambre y sed como "crítica" a la industria porcina.

"Estas personas creen que se denuncia el delito cometiendo el delito. Creen que se puede denunciar un asesinato cometiendo un asesinato. Es una cosa irracional", señala Lésper en su video.

Y no es el único. La crítica también menciona a Teresa Margolles (del polémico grupo SEMEFO) y un reciente escándalo en el Museo Tamayo de México, donde perros con collares de castigo fueron parte de una instalación, a pesar de existir leyes locales contra el maltrato animal.

El arte no debe ser un escudo para la crueldad: Cuando museos avalan estas obras, normalizan que el sufrimiento animal sea "válido" en nombre de la "creatividad".

El cinismo del discurso "activista": Artistas como Evaristti se presentan como críticos sociales, pero su método no busca cambiar nada, solo generar escándalo y visibilidad.

Las instituciones son cómplices: Galerías y museos financian estas obras, a pesar de que violan leyes de protección animal.

Hay alternativas éticas:
El arte puede ser poderoso sin dañar a otros seres vivos (ejemplo: el trabajo de artistas que usan tecnología o materiales simbólicos).
¿Qué hacer frente a esto?
  • Exigir responsabilidad a los museos: Bajo ningún concepto deberían exhibirse obras que involucren maltrato.
  • Denunciar legalmente: Si un performance viola las leyes de protección animal, debe ser llevado ante autoridades.
  • No legitimar a estos "artistas": El verdadero arte no necesita crueldad para ser relevante.
Finalmente, Avelina Lésper lanza un contundente mensaje: "Si amas el arte y amas la vida, sabrás que la belleza nada tiene que ver con la crueldad gratuita."

¿En dónde se encuentra el límite entre el arte y la barbarie?

 ¿Qué opinas? ¿Crees que el maltrato animal puede justificarse en nombre del "arte"? 

Mira el video de Avelina Lésper en su perfil de TikTok y únete a la conversación. 





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En las faldas del Cofre de Perote, las comunidades de Rancho Viejo y la Cuenca Media del río Pixquiac han sido guardianas históricas de uno de los principales suministros de agua para Xalapa. Sin embargo, su voz ha sido ignorada. Un reciente "mantenimiento" de la presa por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) —sin permisos ambientales ni consulta— ha exacerbado tensiones y revelado un modelo de gestión insostenible. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué alternativas existen?

El Conflicto: Entre la Ineficiencia y el Despojo

Las comunidades denuncian que la CMAS desvió el caudal del Pixquiac sin considerar el impacto ecológico o social, priorizando soluciones cortoplacistas sobre la sustentabilidad. Este acto refleja un patrón preocupante: mientras Xalapa pierde hasta el 60% del agua por fugas y corrupción, la respuesta institucional ha sido extraer más recursos de las zonas rurales, en lugar de reparar infraestructura o proteger los ecosistemas.

El pronunciamiento de Rancho Viejo plantea seis ejes clave:

  • Caudal ecológico: Exigen que el mantenimiento de presas respete el flujo natural del río y se ajusten las asignaciones de agua a la disponibilidad real.
  • Transparencia: Instalación de macromedidores para cuantificar pérdidas y combatir la opacidad.
  • Bosques como fábricas de agua: El programa *Sembrando Agua* propone reforestación, frenar la agricultura intensiva y promover alternativas económicas como la truchicultura.
  • Marco legal: Destinar el 10% del presupuesto hídrico a conservación de cuencas.
  • Captación pluvial: Sistemas en escuelas y separación de aguas pluviales para reducir presión sobre los ríos.
Educación: Incorporar el ciclo del agua en planes educativos y fortalecer la participación comunitaria.

La situación evidencia una paradoja: Xalapa depende de cuencas que ella misma degrada. La CMAS opera bajo una lógica extractivista, mientras las comunidades rurales cargan con los costos ambientales. Las propuestas de Rancho Viejo, aunque técnicas, son profundamente políticas: cuestionan quién decide, quién se beneficia y quién paga el costo de la crisis hídrica.

El caso del Pixquiac no es aislado. Es un síntoma de un sistema que privilegia el parche sobre la prevención y la urbanización sobre la soberanía hídrica. La verdadera solución no está en extraer más, sino en producir agua: restaurar bosques, cerrar fugas y redistribuir el poder de decisión. Las comunidades ya tienen las respuestas; falta que las instituciones escuchen.

  • ¿Cómo podemos exigir a las autoridades que prioricen la sustentabilidad sobre los intereses políticos inmediatos?
  • ¿Qué acciones individuales y colectivas podrían replicar el modelo de "Sembrando Agua" en otras cuencas del país?
El agua no es un recurso infinito, y su gestión no puede depender de sacrificar a unos para abastecer a otros. El pronunciamiento de Rancho Viejo es un llamado a repensar no solo la política hídrica, sino la justicia ambiental en México. El futuro del agua —y de Xalapa— depende de ello.

¿Qué opinas? Comparte tus reflexiones o experiencias similares en los comentarios.
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Cuando hablamos de exposiciones colectivas, solemos imaginar un grupo de artistas que comparten una idea, una búsqueda estética, o al menos un mismo horizonte conceptual. Sinkolectivo se atreve a romper esa expectativa desde el título mismo.

Seis estudiantes de artes visuales presentan sus obras bajo un principio simple: no son un colectivo. Comparten un espacio, un momento, pero cada quien avanza con su propia brújula. Como en un camión colectivo, donde los pasajeros coinciden solo por un tramo, aquí las obras coexisten sin necesidad de unirse en un solo discurso.

La propuesta es ligera y a la vez profundamente reflexiva. Nos recuerda que compartir no siempre implica mirar hacia un mismo lado. Que la riqueza del arte joven también está en esas diferencias abiertas, en las miradas que se cruzan sin perder su autonomía.

Sinkolectivo nos invita a pensar: ¿cómo convivimos en los espacios comunes sin renunciar a quienes somos? ¿Cómo valoramos la coincidencia, incluso cuando no hay acuerdo?

Más que una respuesta, esta exposición ofrece un gesto sincero: el de abrir un espacio para ser, juntos, pero distintos.

No te pierdas esta exposición, además habrá bazar de arte, música en vivo, micrófono abierto y más. Te esperamos en Taller Galería Rivera Hidalgo, Santos Degollado 46, en el centro de Xalapa, Ver.


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Coatepec, Ver. 28 de abril de 2025

En los campos de papa que rodean Coatepec, Tlalnelhuayocan y varias regiones de Veracruz, el uso indiscriminado de agrotóxicos ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza directa contra la salud pública y el medioambiente. Mientras los cultivos prosperan, comunidades enteras conviven con el riesgo cotidiano de enfermedades respiratorias, daños neurológicos y casos de cáncer que, aunque muchas veces no se documentan oficialmente, son parte de la realidad diaria de quienes habitan cerca de los terrenos fumigados.

La situación es crítica. Tan solo en 2024, Veracruz se posicionó entre los primeros lugares nacionales en casos de intoxicaciones por plaguicidas, según datos de la Secretaría de Salud. Datos como éstos no son aislados; forman parte de un patrón creciente de afectaciones, mientras los mantos acuíferos que abastecen a la población podrían estar ya contaminados.

El impacto, sin embargo, va más allá de la salud humana. La tierra pierde fertilidad a un ritmo alarmante y la biodiversidad que antes caracterizaba al bosque de niebla empieza a ceder ante el avance de los monocultivos. Especialistas ambientales advierten que el abuso de agroquímicos podría llevar a un colapso ecológico local si no se implementan cambios urgentes.

En contraste, pequeños esfuerzos de resistencia empiezan a abrirse paso. Municipios como San Andrés Tlalnelhuayocan ya aprobaron reglamentos que buscan frenar la expansión irresponsable de la agricultura tóxica. Aunque estas medidas son alentadoras, todavía falta construir una política estatal que proteja efectivamente a las personas, al agua y a la tierra.

Por eso, campañas como "Veracruz, Verde y Saludable" no son un gesto simbólico: son un primer paso imprescindible. Aunque parezca pequeño frente a la inmensidad del problema, sumar voces y exigir un cambio normativo ayuda a visibilizar la crisis, genera conciencia social y presiona a los tomadores de decisiones. Cada firma representa una vida, una familia, una comunidad que merece respirar aire limpio, beber agua segura y comer alimentos libres de veneno.

El momento de actuar es ahora. No podemos seguir normalizando un modelo agrícola que enferma, contamina y destruye. Veracruz necesita un futuro verde, y está en nuestras manos empezar a construirlo.

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Firma: Veracruz libre de agrotóxicos
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