Cultura Errante

Coatepec, Ver. 22 de abril de 2025

México atraviesa una emergencia ambiental silenciosa. Incendios forestales, sequías prolongadas, pérdida acelerada de biodiversidad y contaminación creciente exigen acciones urgentes. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 apunta en sentido contrario: un recorte histórico del 39.4% al presupuesto ambiental.

El Ramo 16, correspondiente al sector medioambiental, pasará de recibir 70,245 millones de pesos en 2024 a 44,370 millones en 2025, lo que representa el nivel más bajo en casi dos décadas. En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto ambiental caerá al 0.1%, el mínimo en 18 años.

¿Qué implica este recorte?

Las consecuencias son tan profundas como invisibles para buena parte de la población. Varias instituciones clave para la protección de nuestros ecosistemas verán reducida su capacidad operativa:

Conagua: sufre un recorte del 43%, con un presupuesto de 37,119 MDP, lo que afectará el manejo del agua, sobre todo en zonas rurales e indígenas.
Conanp: apenas recibirá $10.2 pesos por hectárea protegida, cifra irrisoria para conservar las Áreas Naturales Protegidas.
Profepa: perderá el 14% de su presupuesto (840 MDP), debilitando la vigilancia contra la tala ilegal, los vertidos tóxicos y otros delitos ambientales.

Este debilitamiento institucional compromete gravemente el cumplimiento de metas climáticas internacionales, como las establecidas en la COP29, y deja a cientos de comunidades expuestas a la degradación ambiental.

¿A dónde se destina el llamado "gasto ambiental"?

Aunque el gobierno federal presenta el Anexo 16 del PEF como un instrumento de inversión ambiental, la realidad es otra. El 96% de ese presupuesto se dirige a megaproyectos sin criterios ecológicos claros:

Tren Maya (operado por la Sedena): 827,762 MDP
Gas natural (CFE): 34,000 MDP
Semarnat: recibe solo el 3.6% del total

Es decir, se etiqueta como “ambiental” una inversión que, en la práctica, acentúa la presión sobre ecosistemas frágiles y desconoce la opinión de las comunidades afectadas.

Consecuencias directas: el costo de ignorar la crisis

Las implicaciones del recorte son múltiples:

Desprotección de 232 Áreas Naturales Protegidas, vitales para la biodiversidad.
Mayor impunidad ambiental, por falta de inspectores y sanciones efectivas.
Retroceso en el combate al cambio climático, por incumplimiento de metas y pérdida de resiliencia ecológica.
Tensión en territorios indígenas y rurales, donde el Estado abandona la protección ambiental pero autoriza megaproyectos extractivos.

En pocas palabras: menos recursos para la vida, más presupuesto para el despojo.

El recorte al presupuesto ambiental en 2025 refleja una desconexión profunda entre las decisiones de gobierno y la urgencia ecológica del país. El medio ambiente ha sido relegado a un papel marginal, reducido a cifras simbólicas mientras se priorizan obras de alto impacto y baja transparencia.

Desde los territorios, la sociedad civil y los medios críticos, urge levantar la voz:

"El medioambiente es la base de nuestra supervivencia. Exigimos un presupuesto digno, justo y urgente."

Fuentes:

Gerardo Pérez Muñoz
CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental)
NOSSA (Observatorio de Gasto Público y Medio Ambiente)
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

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Coatepec, Ver. 18 de abril de 2025

En un mundo donde enfermarse se ha vuelto un lujo que pocos pueden costear, hablar de salud es hablar también de poder, de exclusión y de modelo económico. Mientras las grandes farmacéuticas y cadenas hospitalarias operan bajo lógicas de rentabilidad, millones de personas enfrentan sus dolencias con miedo: miedo al diagnóstico, pero sobre todo al precio. En este panorama, se impone la necesidad de recuperar otro horizonte: una salud que no dependa del dinero, sino del vínculo, del conocimiento ancestral, del autocuidado y de la vida comunitaria.

El sistema que nos enferma es el mismo que luego nos quiere vender la cura. Un sistema que promueve la comida rápida, los alimentos ultra procesados, la exposición constante a agrotóxicos y la desconexión con los ciclos naturales del cuerpo y del entorno. Se nos enseñó a vivir de prisa, a dormir poco, a ignorar el dolor, a silenciar el cuerpo con píldoras, a producir incluso cuando el cuerpo grita. La salud, convertida en mercancía, se alejó del bienestar integral y se convirtió en un privilegio.

Pero esa no ha sido la única manera de entender y cuidar la vida. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos han cultivado saberes profundos sobre las plantas, los alimentos, los rituales y los ciclos que regulan la existencia. La medicina tradicional —esa que nace del territorio, de la escucha, de la observación y del vínculo con la naturaleza— ha sostenido generaciones enteras mucho antes de que existieran clínicas privadas o seguros médicos. No es nostalgia ni romanticismo: es una apuesta política por recuperar formas de sanación que no dependan del consumo, sino del cuidado mutuo.

La salud comunitaria, nos ofrece la posibilidad de romper con la centralidad del hospital y de los especialistas para poner en el centro a la comunidad, sus prácticas, sus necesidades reales y sus recursos propios. La salud ya no como un servicio que se compra, sino como un derecho que se construye colectivamente: en los huertos, en las cocinas, en los círculos de mujeres, en los temazcales, en los talleres de herbolaria, en los espacios de escucha emocional, en la transmisión de saberes que no pasan por la academia ni por la receta médica.

Frente al modelo capitalista de salud, que fragmenta al ser humano y lo reduce a síntomas, la medicina ancestral propone una visión holística: cuerpo, mente, emociones, territorio y espiritualidad están profundamente conectados. La enfermedad no es vista como una falla mecánica, sino como un desequilibrio. Y el tratamiento no es una intervención violenta, sino un proceso que involucra escucha, tiempo, acompañamiento y, muchas veces, transformación personal.

Tradicionalmente donde el acceso a servicios médicos es casi inexistente o profundamente discriminatorio, son las parteras, los curanderos, los yerberos y los promotores comunitarios quienes han sostenido la salud cotidiana. No desde el heroísmo, sino desde la convicción de que sanar no es un acto individual, sino colectivo. Recuperar estos saberes es también una forma de resistencia cultural y de defensa del territorio, porque las plantas que curan son también las que el agronegocio intenta erradicar con glifosato. Porque la tierra que alimenta es la misma que las mineras y los monocultivos intentan devastar.

En este contexto, hablar de autocuidado no debe entenderse como un acto egoísta o superficial, sino como un acto de amor y por qué no, de un acto político. Cuidar de uno mismo es también desobedecer la lógica que nos quiere agotados, desconectados y dependientes del consumo. Es poner límites, es recuperar el descanso, es saber qué entra en nuestro cuerpo y qué rechazamos. Es, en muchos casos, volver a aprender a escuchar el cuerpo, a mirarlo con respeto, a entenderlo no como una máquina a explotar, sino como parte de un entramado vital.

Hoy más que nunca, necesitamos repensar la salud desde abajo, desde adentro, desde lo común. Necesitamos hablar de soberanía alimentaria, de acceso libre a las plantas medicinales, de espacios de contención emocional, de redes de apoyo, de territorios sanos para cuerpos sanos. Necesitamos que el bienestar deje de ser una mercancía para convertirse en un principio organizador de la vida.

La medicina que nos cura no siempre viene en frascos. A veces brota de la tierra, a veces habita en la palabra, en la risa compartida, en la pausa, en la comunidad. Y sobre todo, en la decisión de no entregar nuestra salud a quienes se benefician de nuestra enfermedad.

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Coatepec, Ver. 16 de abril de 2025

En los momentos de mayor emergencia, cuando la tierra tiembla, el agua desborda las calles o el fuego arrasa con la vegetación, ocurre un fenómeno que no suele aparecer en los discursos oficiales ni en los balances económicos: la gente se organiza. Sin esperar órdenes ni permisos, vecinos, desconocidos, colectivos y comunidades activan redes solidarias, reparten lo poco que tienen, ofrecen su tiempo, su fuerza y su cuidado. Es entonces cuando se revela una verdad incómoda para los modelos de desarrollo dominantes: que los vínculos colaborativos, no la competencia, han sostenido la vida en los márgenes del desastre.

La lógica del sálvese quien pueda, promovida como un dogma en sociedades atravesadas por el neoliberalismo, se desvanece en la práctica cuando lo que está en juego es la supervivencia. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. En México, por ejemplo, tras los sismos de 2017, los primeros en remover escombros y organizar centros de acopio fueron los ciudadanos de a pie. Durante las peores etapas de la pandemia, fueron las redes barriales, los colectivos feministas, los comités comunitarios y las cooperativas quienes repartieron alimentos, medicamentos y contención emocional. Recordemos que los incendios sucedidos en la zona de Xico y Barranca Grande en 2024 lograron ser contenidos no por una respuesta eficaz del Estado, sino gracias a la organización espontánea de cientos de voluntarias y voluntarios que, con lo que tenían a la mano y el cuerpo por delante, hicieron frente al fuego. Fue la solidaridad —y no la infraestructura del estado— la que permitió contener el desastre. Frente a la parálisis institucional o la indiferencia de los funcionarios públicos en turno, emergió la colaboración como mecanismo espontáneo de cuidado mutuo y de autogestión.

Pero esta reacción no es solo una respuesta ante la emergencia; es también una crítica encarnada al modelo competitivo que se nos ha impuesto desde la escuela, el mercado y los medios. Un modelo que nos dice que para vivir mejor hay que vencer al otro, destacarse, acumular, producir más que los demás. Un modelo que, bajo el barniz de la meritocracia, profundiza desigualdades, rompe lazos y convierte a las personas en rivales.

Pensar en un mundo colaborativo no es un gesto ingenuo ni romántico. Es una necesidad histórica y una postura política frente a la devastación ambiental, el individualismo extremo y la precarización de la vida. No se trata de negar los conflictos, sino de gestionarlos de otra forma: desde el reconocimiento de la interdependencia, desde el cuidado como valor central, desde la convicción de que el bienestar colectivo no es un obstáculo, sino la base misma de cualquier proyecto de futuro.

Las cosmovisiones de los pueblos originarios lo han dicho desde hace siglos: la comunidad no es solo un lugar físico, sino una forma de entender la existencia. Lo que afecta a uno, afecta a todas y todos. Esta sabiduría, arrinconada por el modelo capitalista que fetichiza la competencia y privatiza hasta el agua, cobra un nuevo sentido ante el colapso sistémico que enfrentamos. ¿Cuánto más resistiremos si seguimos privilegiando la competencia como único motor?

El potencial transformador de la colaboración no está solo en su capacidad de atender desastres, sino en su fuerza para prefigurar otro mundo: uno en el que el trabajo, el tiempo, los saberes y los recursos se gestionen colectivamente y no se rijan por la lógica de la ganancia.

El problema no es que falten recursos, es que sobran intermediarios que lucran con ellos. El problema no es que la gente no quiera colaborar, sino que la estructura económica castiga esa voluntad. Y sin embargo, la colaboración persiste. Es semilla, es resistencia, es memoria viva de que otra manera de habitar el mundo es posible.

En tiempos donde todo parece reducirse a la competencia —en la escuela, en el empleo, en la política electoral, ¡sobre todo en la maldita política electoral!—, recuperar el valor de lo colaborativo es un acto profundamente subversivo. Porque implica imaginar una sociedad donde el éxito no se mida en función de cuánto se ha ganado, sino de cuánto se ha compartido. Donde el progreso no implique dejar a otras y otros atrás, sino caminar juntas y juntos. Donde la vida, por fin, valga más que el capital.

Por Cultura Errante. 07 de abril de 2025

El río Pixquiac, afluente vital que desciende desde las faldas del Cofre de Perote y alimenta con agua limpia a Xalapa, se ha convertido en el epicentro de una controversia que pone en tensión el desarrollo urbano frente a los derechos y la sustentabilidad de las comunidades rurales. En una declaración firme y bien articulada, habitantes de Rancho Viejo y la Cuenca Media del río Pixquiac han denunciado la reciente intervención de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, que derivó el cauce completo del río bajo el pretexto de “mantenimiento” a una presa, sin los permisos ambientales correspondientes y sin respetar el caudal ecológico del afluente.

Esta acción, que ha sido calificada por las comunidades como un acto de despojo, revela un patrón sistemático de gestión ineficiente y centralista del recurso hídrico. Las comunidades no se oponen al abastecimiento de Xalapa; al contrario, su historial demuestra una postura abierta al diálogo y la cooperación pero rechazan categóricamente que la solución a la crisis hídrica urbana se imponga a costa de su río, su bosque y su vida comunitaria.

La gestión del agua en Xalapa y sus alrededores parece seguir una lógica de inmediatez, sin una planeación sustentable ni visión de cuenca. El mantenimiento de la presa del Medio Pixquiac —cuya ejecución interrumpió por completo el flujo del río— es apenas un síntoma de una política hídrica más profunda, carente de diagnósticos técnicos integrales y de consulta social.

Según estimaciones ciudadanas, hasta un 60% del agua captada por CMAS no llega a los hogares debido a fugas, infraestructura obsoleta y, presuntamente, actos de corrupción. Este dato es crucial: si la pérdida del recurso en la red urbana es tan alta, ¿por qué entonces se insiste en extraer más agua, sin resolver antes la ineficiencia del sistema? La pregunta no es solo técnica, es ética.

El pronunciamiento de Rancho Viejo no se limita a la denuncia. Plantea un programa integral que va desde el monitoreo ecológico del caudal y el mantenimiento responsable de presas, hasta la reforestación, la creación de alternativas económicas para las familias rurales, y la implementación de sistemas de captación pluvial en zonas urbanas como Xalapa.

Destaca la propuesta de un programa comunitario denominado Sembrando Agua, que apuesta por la restauración del bosque, la educación ambiental y la participación comunitaria como pilares para un futuro con agua para todos. Esta visión se alinea con principios de justicia hídrica que ya se discuten a nivel nacional e internacional: el agua no solo como recurso, sino como derecho humano y bien común.

El caso del río Pixquiac no es aislado. Es un espejo de las tensiones estructurales que existen entre ciudad y comunidades rurales, entre progreso y conservación, entre políticas públicas verticales y la inteligencia territorial de las comunidades.

Es momento de preguntarnos: ¿qué modelo de gestión del agua queremos construir en Veracruz? ¿Uno que prioriza el crecimiento urbano a costa del saqueo de los bosques y las comunidades? ¿O uno que reconoce que sin cuenca, no hay ciudad?

La situación del río Pixquiac nos involucra a todas y todos. No es una disputa local, es un llamado a repensar nuestras relaciones con el territorio y con quienes lo habitan y cuidan.

Invitación abierta

Te invitamos a informarte, a compartir esta nota y, sobre todo, a sumarte a la conversación. ¿Cuál es tu postura ante lo que ocurre con el Pixquiac? ¿Qué medidas crees que deben tomarse? Comenta, discute, organiza. El agua —como la palabra— es de todas y de todos. Y su defensa, también.

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Agrotóxicos en el cultivo de papa amenazan salud y medio ambiente en Veracruz

Por Cultura Errante. 06 de abril de 2025

San Andrés Tlalnehuayocan, Veracruz.— No es difícil encontrar los sembradíos de papa; basta recorrer las carreteras que conducen a Rancho Viejo o Cinco Palos para toparse con ellos, cada vez se hacen mayores en número y en extensión. Sin embargo, tras este crecimiento agrícola se oculta una crisis silenciosa. El aumento indiscriminado del cultivo de papa, impulsado por intereses comerciales ajenos a las comunidades, ha sido acompañado por el uso intensivo de agrotóxicos, muchos de los cuales están prohibidos en otras partes del mundo debido a sus efectos devastadores sobre la salud humana y el medio ambiente..

Una práctica tóxica disfrazada de desarrollo

El modelo de producción dominante responde a una lógica de mercado que prioriza lo trivial como la estética de la papa —grande, sin manchas, uniforme— por encima de la salud de quienes la consumen y la integridad de quienes habitan los territorios. Este sistema beneficia principalmente a grandes comercializadores y empresas de agroquímicos. Los campesinos que intentan resistir con prácticas agroecológicas enfrentan barreras económicas, falta de apoyo institucional y la indiferencia del mercado.

A pesar del panorama sombrío, existen experiencias alentadoras. Algunas comunidades han comenzado a recuperar prácticas ancestrales, sembrando sin venenos, con bioinsumos y técnicas sostenibles. También hay voces organizadas que exigen un alto al uso indiscriminado de agrotóxicos y demandan el cumplimiento de las leyes existentes.

El monocultivo de papa en esta región implica la aplicación frecuente de una peligrosa combinación de fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas. En algunos casos, estos químicos se esparcen hasta dos veces por semana. El resultado: suelos empobrecidos, cuerpos de agua contaminados y aire cargado de sustancias nocivas.

Ríos, manantiales y pozos —de los que dependen miles de personas— han sido contaminados por escurrimientos de agroquímicos. Esta contaminación no es inofensiva: se traduce en náuseas, irritaciones, dificultades respiratorias e incluso intoxicaciones graves. Entre los químicos más usados se encuentra el glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno”.

La agresiva expansión de estos cultivos amenaza al Bosque de Niebla, un ecosistema esencial para la captación de agua y la regulación climática en la región. Con cada hectárea sembrada de papa, se arrasa vegetación nativa, se alteran hábitats y se ahuyenta a la fauna local. Las aves han disminuido notablemente y los suelos, desprovistos de cobertura vegetal, son cada vez más vulnerables a la erosión.

Aunque México cuenta con un marco legal que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y acceso al agua potable, la realidad en el campo dista mucho de lo que dictan los reglamentos. Municipios como San Andrés Tlalnelhuayocan han establecido restricciones para la siembra cerca de cuerpos de agua, viviendas y escuelas, pero su aplicación es débil. Los responsables fumigan sin avisar, sin control, y muchas veces sin consecuencias.

La inacción de las autoridades ambientales, como la PROFEPA y la CONAGUA, refleja una preocupante desconexión entre el diseño de políticas y su aplicación en el territorio.

El camino hacia una agricultura más justa pasa por la organización comunitaria, la presión ciudadana, y una transformación profunda en nuestras decisiones de consumo. Urge construir circuitos cortos de comercialización, fortalecer la producción local, y fomentar la soberanía alimentaria.

¿Qué hay detrás de una papa “perfecta”?

Esa papa grande, lisa y sin manchas que llega a tu mesa puede parecer inofensiva. Pero, ¿te has preguntado cuál es el precio real que se está pagando? ¿Cuánto arriesgan las personas su salud, cuánta agua se contamina y cuántos ecosistemas se degradan para que luzca así?

Muchas de esas papas fueron cultivadas con agrotóxicos prohibidos en otros países por su peligrosidad. Sustancias que aquí se aplican cerca de ríos, escuelas y viviendas, sin control ni advertencias.

¿Queremos seguir alimentándonos de productos que enferman a quienes los cultivan y destruyen los territorios donde se siembran?

Es momento de despertar, de informarnos y de comprometernos.

Consumes frutas y verduras pensando que estás cuidando tu salud. Pero, ¿y si te dijeran que muchas de ellas fueron cultivadas con químicos que enferman a comunidades enteras y contaminan el agua que otros beben?

¿Te importa realmente exigir alimentos limpios y producidos con dignidad?

Decir que sí es fácil. Lo difícil es actuar en consecuencia.

¿Estás listo para cuestionar tus hábitos de consumo, incluso si eso implica dejar de lado la comodidad o el precio más bajo?

Reflexiona: ¿qué puedes hacer hoy para transformar este modelo? Porque seguir comprando como siempre también es una elección. Y cada elección tiene consecuencias.

Comparte esta nota, habla del tema, firma peticiones, apoya a productores locales. El futuro del agua, del suelo y de nuestra salud está en juego.

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