Cultura Errante

Desde Cultura Errante acompañamos la apertura de esta exposición que, lejos de ofrecer respuestas fáciles, sembró preguntas. ¿Qué tipo de mundo se gesta dentro de Naoi Akari? ¿Es el gato una metáfora del yo? ¿Qué hay detrás de esa ternura engañosa que transmite su obra?

Naoi, formada entre dibujos animados estadounidenses, dulces exóticos y una familia de veterinarios, construye desde el grabado —con su paciencia y lentitud— una narrativa íntima que oscila entre lo oscuro y lo entrañable. Su gato, protagonista reiterado, es todo menos domesticado: es perezoso, glotón, encantador, pero también solitario y sincero. Ese animal que “odia muchísimo” cuando es reducido a mercancía, es también una extensión simbólica de ella misma.

《Mi gato》 no es una oda a los felinos, sino a la contradicción humana. Una búsqueda estética de lo esencial, aún cuando sepamos que “no existe la esencia de la cosa”, como señala el texto curatorial. Y sin embargo, algo se siente como esencia. Algo duele, algo brilla, algo se reconoce.

La obra de Naoi busca acercarse a sí misma. Y desde ese lugar, invita al espectador a hacer lo mismo.

El pasado 24 de marzo, comunidades organizadas en la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), junto con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El recurso legal fue aceptado por el Juzgado 15° de Distrito en Veracruz, que concedió una suspensión provisional y ordenó la aplicación inmediata de medidas para reducir la contaminación de los ríos y humedales de la región.

La demanda va dirigida contra autoridades municipales, estatales y federales, por su responsabilidad en el deterioro ambiental causado por el vertido de aguas residuales sin tratamiento. Los demandantes argumentan que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa un riesgo sanitario y ecológico para los pueblos de la cuenca.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, integrantes de PUCARL realizaron un monitoreo comunitario del agua en 13 puntos distribuidos en municipios como Xico, Teocelo, Coatepec, Jalcomulco, Apazapan y Xalapa. Los resultados muestran que el 100% de las muestras superan los límites permitidos de Escherichia coli para el contacto humano, lo cual evidencia una grave afectación a la calidad del agua.

La suspensión judicial obliga a las autoridades a identificar y detener fuentes de descarga directa, activar las plantas de tratamiento existentes, establecer una coordinación intermunicipal para el saneamiento de los cuerpos de agua y elaborar un mapeo general del sistema de saneamiento regional.

Uno de los aspectos centrales de la demanda es el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos. Esta figura, que ha sido adoptada en otros países y en algunos precedentes nacionales, busca garantizar la protección integral de los ecosistemas hídricos, considerando su valor ecológico y social, más allá de su utilidad económica.

Desde 2010, las comunidades han impulsado acciones de conservación, vigilancia ciudadana y defensa del territorio. A pesar de la ausencia de políticas públicas efectivas, han construido procesos de organización que buscan frenar el deterioro ambiental y garantizar el derecho al agua limpia.

PUCARL hizo un llamado público a las autoridades para que se cumpla con la normatividad ambiental vigente, se otorgue la suspensión definitiva y se garantice un proceso de remediación serio y transparente. También convocaron a otras comunidades, colectivos y organizaciones a respaldar el proceso legal, y a la sociedad en general a informarse y participar en la defensa de los bienes comunes.

El caso de la Cuenca La Antigua pone en evidencia las consecuencias de una política ambiental ineficiente, así como la capacidad de respuesta de las comunidades cuando el Estado falla en su función básica de garantizar condiciones de vida dignas. La vía legal que ahora se inicia no solo busca resolver una crisis sanitaria y ecológica, sino también establecer precedentes que fortalezcan los mecanismos ciudadanos de control y exigencia ante la negligencia institucional.

En México, la organización comunitaria y las luchas sociales han sido históricamente un contrapeso ante el abuso de poder. Desde la defensa del territorio hasta la exigencia de derechos laborales o ambientales, estas luchas han nacido de la necesidad de resistir y sobrevivir. Sin embargo, cada día es más frecuente toparse con la amenaza sutil y peligrosa que se cierne sobre estos movimientos: la cooptación de sus banderas por parte de actores que no las representan, pero las usan. Se trata de una instrumentalización que simula empatía mientras reproduce lógicas de control, clientelismo y simulación.

Detrás de discursos solidarios, eslóganes “inclusivos” y campañas que adoptan el color que mejor convenga según la coyuntura, se camuflan políticos y funcionarios públicos que convierten las causas en plataformas de posicionamiento, organizaciones más preocupadas por conservar sus subsidios que por defender sus principios, y empresas que adornan sus logotipos con hojas y gotas de agua para encubrir prácticas extractivistas. A este elenco se suman ciertos académicos, siempre atentos al próximo recurso disponible, venga de donde venga, con tal de mantener activa la maquinaria de consultorías, diagnósticos y seminarios. 

Esta distorsión no solo banaliza las luchas legítimas, sino que también confunde a la opinión pública, divide comunidades y, lo más grave, pone en riesgo a quienes realmente luchan por transformar su realidad.

El término “greenwashing” (lavado verde) se refiere a estrategias de marketing utilizadas por empresas para mostrarse como responsables con el medio ambiente mientras llevan a cabo actividades altamente contaminantes o extractivistas. En México, los ejemplos sobran.

La empresa FEMSA, a través de su marca Coca-Cola, ha sido señalada por extraer enormes cantidades de agua en regiones con crisis hídrica, como San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A pesar de las protestas de las comunidades indígenas y de los estudios que documentan el impacto, FEMSA se mantiene como patrocinador de eventos ecológicos y aliados de algunas ONG ambientales, reproduciendo una imagen de responsabilidad social empresarial completamente disonante con su accionar.

Otro caso emblemático es el de Grupo México, responsable de uno de los peores desastres ecológicos en la historia reciente del país: el derrame de tóxicos en el Río Sonora en 2014. A pesar de ello, la empresa aparece frecuentemente en rankings de “empresas sustentables” y continúa operando con la venia del Estado.

La complicidad entre estas corporaciones y algunas organizaciones ambientales plantea una pregunta: ¿Puede una organización mantener la coherencia y autonomía cuando su financiamiento proviene de aquello que combate?

En el terreno político, la instrumentalización adquiere formas más complejas y peligrosas. La creación de “mesas de diálogo”, “consejos ciudadanos”, “contralorías ciudadanas” o “grupos de trabajo” se presenta como un esfuerzo institucional para acercarse a las demandas de la sociedad. Sin embargo, muchas veces son mecanismos diseñados para controlar la disidencia y contener la organización real.

En las campañas electorales, es común ver a candidatos y candidatas aparecer en marchas, foros y asambleas, tomarse fotos con activistas y prometer cambios. Pero una vez en el poder, esas promesas se desvanecen. En el mejor de los casos, se reduce la lucha a programas asistencialistas. En el peor, se criminaliza a quienes no aceptan el rol decorativo que se les asigna.

También hay quienes logran integrar a líderes comunitarios en puestos públicos o en fundaciones vinculadas al gobierno, no para potenciar sus causas, sino para neutralizarlas. Esta práctica mina la autonomía organizativa, divide al movimiento y desmoraliza a la base.

Muchas organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel valioso en la articulación de agendas, la denuncia y el acompañamiento. Pero otras se han convertido en espacios que responden más a la lógica del financiamiento que a las necesidades reales del territorio. Su dependencia económica de organismos internacionales o del sector privado genera una tensión entre el discurso comunitario y la lógica de la supervivencia institucional.

La profesionalización de las luchas ha generado una tecnocracia del activismo donde las causas se traducen en métricas, indicadores y proyectos financiables. El resultado es un distanciamiento entre quienes viven las problemáticas en carne propia y quienes las traducen en informes que pocas veces regresan a la comunidad.

Frente a esta realidad, es urgente fortalecer una conciencia crítica que permita a las comunidades y a la ciudadanía en general distinguir entre compromiso real e intereses disfrazados. No basta con que alguien diga que está “a favor del agua” o “en contra de la minería”; hay que observar sus alianzas, su financiamiento, su historia y su coherencia.

Las causas sociales no son una marca, ni una herramienta de marketing. Son expresiones de dignidad frente a un sistema que empobrece, excluye y destruye. Por ello, su defensa requiere autonomía, honestidad y memoria.