Denuncia nuevamente criminalización por defender el agua
El activista Renato Romero volvió a denunciar hostigamiento y criminalización por parte de autoridades estatales de Puebla, a raíz de sus críticas contra la gestión del agua y el saqueo de los recursos hídricos en la región.
Romero aseguró: “De nuevo me criminalizan solo por criticar las políticas de todos los gobiernos, por denunciar las injusticias contra los pueblos y por evidenciar el saqueo del agua”. Señaló directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la que calificó como “el cártel del agua”, acusandola de haber entregado concesiones a empresas privadas mientras niega el acceso a comunidades campesinas.
El activista recordó que el pasado 1 de julio fue detenido de manera arbitraria y violenta por un operativo de alrededor de 80 agentes de investigación, desplegados en diez puntos distintos. Pasó dos días en prisión, hasta que su liberación se dio —según afirma— por la presión de redes sociales y medios de comunicación que denunciaron su encarcelamiento.
Renato Romero acusó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de mantener una política autoritaria y represiva: “Confirmo mi denuncia cuando el 30 de mayo ordenó tomar militarmente al pueblo de Xoxtla con Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, solo para acallar al pueblo que exige que dejen de saquear los cuatro mil millones de litros de agua”.
El activista también señaló que ha sido citado por la Fiscalía estatal este jueves en Ocotepec, derivado de una denuncia interpuesta por la empresa Concesiones Integrales —conocida como Aguas de Puebla—, a la que acusa de despojar a las comunidades del vital líquido.
El trasfondo: agua en manos privadas
Desde 2014, con la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, Concesiones Integrales asumió el control del abasto y cobro del recurso hídrico en la capital y municipios aledaños. Diversas organizaciones sociales y académicas han documentado que la empresa ha priorizado el negocio sobre el derecho humano al agua, con tarifas elevadas, cortes indiscriminados y omisiones en el mantenimiento de la infraestructura.
El conflicto se ha agravado en comunidades como San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Coronango, donde habitantes acusan despojo de pozos comunitarios, contaminación de fuentes y la entrega de concesiones a parques industriales y desarrollos inmobiliarios.
Frente a este escenario, colectivos y defensores como Romero sostienen que la disputa por el agua en Puebla es parte de un modelo de saqueo más amplio, donde el Estado facilita el acceso al recurso a empresas privadas mientras restringe a campesinos y poblaciones rurales.
Romero concluye con un mensaje de resistencia: “No me rindo, no me vendo, no traiciono. A lo único que le temo es a la indiferencia de mi pueblo”.
