Coatepec, Ver. 29 de mayo de 2025

En un escenario donde la política y los intereses económicos se entrelazan, la nueva Ley del café en México se ha convertido en un campo de batalla. La propuesta, que busca reformar la regulación del sector cafetalero, ha enfrentado múltiples obstáculos, principalmente desde la Secretaría de Economía, que ha mostrado una resistencia notable a su aprobación.

La iniciativa de ley, impulsada por la senadora Susana Hart de Oaxaca y apoyada por el sector productor, tenía como objetivo principal garantizar precios justos para los productores de café. Sin embargo, el camino hacia su aprobación ha sido tortuoso. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Cámara de Senadores, a través de figuras como Santiago Arguello y Miguel Poh, han intervenido para modificar la propuesta, eliminando aspectos clave que beneficiaban a los productores.

La Secretaría de Economía, por su parte, ha argumentado que la ley implicaría un nuevo presupuesto, una justificación que ha sido cuestionada por muchos. Además, las grandes compañías cafeteras han expresado su preocupación, alegando que la ley atentaría contra el libre comercio. Este argumento ha sido utilizado para retrasar y, finalmente, desechar la propuesta al final del sexenio anterior.

La nueva propuesta, presentada en el actual sexenio, ha sufrido cambios significativos. Algunos de los puntos más críticos incluyen:

• La introducción de un concepto de "diferencial neto" que carece de claridad y parece diluir el concepto de "diferencial positivo", que buscaba asegurar primas o sobreprecios para los productores.

• La eliminación de la mención a precios remunerativos para los productores en los principios, funciones, objetivos y acciones de la ley.

• La falta de mecanismos claros para supervisar precios, calidad y sanidad, lo que debilita la capacidad de regulación y protección del sector.

• La sustitución de precios de referencia por "referencias de precios", un cambio que parece diluir la obligación de reportar diferenciales positivos en la venta del café mexicano.

• La ausencia de medidas para reducir el uso excesivo de saborizantes y endulzantes en el café destinado al consumo interno, lo que afecta la calidad del producto final.

La relación entre la Secretaría de Economía y organizaciones como la Asociación Nacional de la Industria del Café (ANICAFE) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), liderado por un directivo de Grupo MASECA (AMSA), es otro aspecto a considerar. Estas organizaciones han mostrado una fuerte oposición a cualquier medida que afecte los precios de compra del café a los productores, lo que sugiere un conflicto de intereses en juego.

Para los pequeños productores de café de regiones como Coatepec, esta situación es desoladora. Estos agricultores, que ya enfrentan desafíos significativos, ven cómo sus esfuerzos por lograr una regulación justa son constantemente frustrados por intereses económicos y políticos. La falta de una ley que proteja sus derechos y garantice precios justos no solo afecta sus ingresos, sino también su capacidad para invertir en mejores prácticas agrícolas y mejorar la calidad de su producto.

Es crucial que se abra un diálogo más amplio y transparente sobre esta ley. Los productores merecen ser escuchados y sus intereses deben ser prioritarios en cualquier reforma del sector.