El pasado 24 de marzo, comunidades organizadas en la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), junto con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El recurso legal fue aceptado por el Juzgado 15° de Distrito en Veracruz, que concedió una suspensión provisional y ordenó la aplicación inmediata de medidas para reducir la contaminación de los ríos y humedales de la región.

La demanda va dirigida contra autoridades municipales, estatales y federales, por su responsabilidad en el deterioro ambiental causado por el vertido de aguas residuales sin tratamiento. Los demandantes argumentan que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa un riesgo sanitario y ecológico para los pueblos de la cuenca.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, integrantes de PUCARL realizaron un monitoreo comunitario del agua en 13 puntos distribuidos en municipios como Xico, Teocelo, Coatepec, Jalcomulco, Apazapan y Xalapa. Los resultados muestran que el 100% de las muestras superan los límites permitidos de Escherichia coli para el contacto humano, lo cual evidencia una grave afectación a la calidad del agua.

La suspensión judicial obliga a las autoridades a identificar y detener fuentes de descarga directa, activar las plantas de tratamiento existentes, establecer una coordinación intermunicipal para el saneamiento de los cuerpos de agua y elaborar un mapeo general del sistema de saneamiento regional.

Uno de los aspectos centrales de la demanda es el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos. Esta figura, que ha sido adoptada en otros países y en algunos precedentes nacionales, busca garantizar la protección integral de los ecosistemas hídricos, considerando su valor ecológico y social, más allá de su utilidad económica.

Desde 2010, las comunidades han impulsado acciones de conservación, vigilancia ciudadana y defensa del territorio. A pesar de la ausencia de políticas públicas efectivas, han construido procesos de organización que buscan frenar el deterioro ambiental y garantizar el derecho al agua limpia.

PUCARL hizo un llamado público a las autoridades para que se cumpla con la normatividad ambiental vigente, se otorgue la suspensión definitiva y se garantice un proceso de remediación serio y transparente. También convocaron a otras comunidades, colectivos y organizaciones a respaldar el proceso legal, y a la sociedad en general a informarse y participar en la defensa de los bienes comunes.

El caso de la Cuenca La Antigua pone en evidencia las consecuencias de una política ambiental ineficiente, así como la capacidad de respuesta de las comunidades cuando el Estado falla en su función básica de garantizar condiciones de vida dignas. La vía legal que ahora se inicia no solo busca resolver una crisis sanitaria y ecológica, sino también establecer precedentes que fortalezcan los mecanismos ciudadanos de control y exigencia ante la negligencia institucional.