Violencia y ecocidio en Eloxochitlán

La reciente Primera Misión de Observación Civil en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha puesto al descubierto un entramado de violencia estructural, criminalización y devastación ambiental que afecta a una comunidad mazateca organizada en defensa de su autonomía y territorio. El informe preliminar, elaborado tras tres días de trabajo en terreno, confirma un patrón de violaciones a derechos humanos que incluye desplazamiento forzado, detención arbitraria, hostigamiento sistemático y daños irreversibles al ecosistema local, en un contexto donde las autoridades estatales y federales han brillado por su inacción.

La misión, integrada por 35 observadores entre antropólogas, abogadas, jornalistas y defensoras de derechos humanos, documentó testimonios de 30 personas de la comunidad, incluyendo exprisioneras políticas, familiares de detenidos y autoridades tradicionales. Las entrevistas revelaron un clima de terror: más de 200 órdenes de aprehensión pesan sobre 56 personas, la mayoría líderes comunitarios, bajo acusaciones que las propias fuentes califican de "fabricadas" y vinculadas a su resistencia contra la extracción de material pétreo en el río Xangá Nda Ge. Este último, según el comunicado, ha sido "devastado por la ambición caciquil", con daños ecológicos que ya han sido parcialmente documentados mediante análisis de agua.  

La violencia en Eloxochitlán no es neutral: afecta de manera diferenciada a mujeres, jóvenes, niñas y personas adultas mayores. El comunicado menciona que entre las 56 personas criminalizadas hay defensoras como Maribel Betanzos Fuentes, profesora de la Sección XXII de la CNTE, quien enfrenta cinco órdenes de captura. Su caso ilustra cómo las mujeres que encabezan luchas comunitarias son blanco de represalias que buscan desarticular no solo su labor, sino el tejido social que cohesionan.  

Expertas en derechos humanos han alertado que la criminalización de defensoras en contextos indígenas suele combinarse con estereotipos de género que las retratan como "perturbadoras del orden" o "manipuladoras", exacerbando la violencia institucional en su contra. En Eloxochitlán, el hostigamiento incluye asedio psicológico y físico, desplazamiento forzado y privación de libertad, tácticas que buscan deslegitimar su voz en un espacio donde la organización comunitaria ha sido clave para resistir megaproyectos extractivistas.  

La misión también evidencia la colusión entre poderes fácticos y autoridades. Las "falta al debido proceso" y las "detenciones arbitrarias" denunciadas ocurren en un contexto donde, según el documento, hay una "omisión y dilación de autoridades mexicanas de los tres niveles del Estado" para detener la violencia. Esto se traduce en un Estado que no solo no protege, sino que normaliza la persecución contra quienes defienden el territorio, un derecho reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.  

El ecocidio en el río Xangá Nda Ge, por su parte, no es un daño colateral, sino un objetivo: la extracción de material pétreo, según las investigaciones iniciales, ha alterado el ecosistema y la vida de las comunidades que dependen del agua. La falta de estudios de impacto ambiental y la complicidad de dependencias locales en la autorización de estas actividades son señaladas como parte del entramado que perpetúa el conflicto.  

Ante la gravedad de los hallazgos, la misión ha anunciado una Segunda Misión de Observación para noviembre de 2025, mientras un grupo de observadores permanece en la comunidad para evitar nuevas detenciones. Maribel Betanzos Fuentes, una de las criminalizadas, será apresentada ante el juzgado de Huautla de Jiménez el 24 de junio, en un proceso que busca su libertad.  

¿Hasta qué punto la criminalización de defensoras indígenas en México es una estrategia para desarticular la resistencia territorial, especialmente cuando se trata de mujeres? 

¿Cómo deben actuar las autoridades ambientales y de procuración de justicia para detener el ecocidio en ríos como el Xangá Nda Ge, cuando sus acciones (u omisiones) perpetúan la violencia?

La falta de respuestas claras hasta ahora no solo agudiza el riesgo para las comunidades, sino que desafía la narrativa de un Estado que presume defender los derechos humanos y el medio ambiente en foros internacionales. La próxima misión, dicen los organizadores, será clave para "fortalecer la denuncia internacional", una señal de que la confianza en las instituciones nacionales se ha agotado.  

¿Qué otros mecanismos de protección podrían activarse para comunidades como Eloxochitlán? ¿Es suficiente la documentación de violaciones o se requiere una presión política mayor para detener la violencia sistemática?