Represión, criminalización y tortura: el destino de muchas y muchos defensores del medioambiente
Informe desde el Territorio | Cultura Errante
Renato Romero Camacho, campesino y referente del movimiento en defensa del agua en la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido la mañana del 1 de julio en Puebla. La Fiscalía estatal lo acusa de “daño en propiedad ajena y despojo agravado”. La detención ocurrió mientras se dirigía a una asamblea comunitaria en Nealtican. Horas después, organizaciones sociales y familiares denunciaron incomunicación, maltratos físicos y restricciones a su defensa legal.
Romero es una de las voces más visibles contra el despojo del agua en Puebla y Veracruz. Su activismo lo ha llevado a confrontar a grandes empresas extractivas como Granjas Carroll y Concesiones Integrales de Puebla, así como a cuestionar abiertamente leyes restrictivas como la llamada “Ley Mordaza”. Hoy se encuentra en prisión preventiva en Cholula, en medio de un proceso plagado de irregularidades.
La acusación: ¿justicia o represalia?
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el activista habría participado en un acto violento el pasado 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde —junto a una treintena de personas— presuntamente lanzó piedras contra maquinaria de una empresa que instalaba tuberías para el suministro de agua. Se le acusa de invadir el predio y causar daños materiales. La denuncia fue presentada por Concesiones Integrales, empresa responsable de “Agua de Puebla para Todos”, con respaldo del sistema operador municipal SOAPAP.
Sin embargo, familiares y defensores aseguran que Romero no se encontraba en el sitio ese día. Recordemos que una estrategia similar se utilizó en contra de 12 cafeticultores acusados de ocasionar un incendio en la empresa AMSA el 26 de mayo de 2023 en Ixhuatlán del café pero varios de éstos no estaban en el sitio del incidente (ni siquiera estaban en dicha comunidad).
Desde el primer momento de su detención, se documentaron graves anomalías. Familiares reportaron que estuvo incomunicado por más de 12 horas en el Complejo de Seguridad C5 y que el acceso a su abogado fue limitado y tardío. La audiencia inicial, prevista a las 9:00 de la mañana, comenzó una hora después. A la familia solo se le permitió un acceso breve, durante el cual constataron que Romero había sido golpeado y torturado.
El abogado no recibió los documentos del caso con la debida anticipación. A pesar de haberle sido entregada una carpeta de más de 400 páginas poco antes de la audiencia, el juzgado le negó el aplazamiento. Además, el proceso se vio afectado por retrasos provocados por otras audiencias previas, lo que ha sido interpretado como una táctica dilatoria para desgastar a los acompañantes del detenido.
La tensión emocional se intensifica para los familiares, quienes enfrentan decisiones difíciles: asistir a una rueda de prensa convocada para el día siguiente o mantenerse en alerta permanente frente al incierto curso del proceso legal.
Una lucha que incomoda
Desde hace años, Renato Romero ha encabezado la resistencia contra concesiones de agua en territorios campesinos. En San Miguel Xoxtla y Nealtican, ha impulsado asambleas, cabildos abiertos y movilizaciones para frenar convenios que, bajo argumentos de “desarrollo”, permiten la extracción masiva de agua para uso industrial y residencial urbano.
También ha sido un crítico abierto de la transnacional Granjas Carroll, señalada por contaminación de acuíferos y afectaciones al medio ambiente. En 2024, participó en el bloqueo pacífico a sus instalaciones en Totalco, Veracruz, donde fue reprimido junto a otros campesinos. Ese conflicto dejó un saldo mortal: dos personas asesinadas en San José del Limón tras un operativo policial.
Romero, además, cuenta con medidas de protección del Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos. A pesar de ello, fue detenido sin que se activaran los protocolos correspondientes, lo que refuerza las sospechas de motivación política en su aprehensión.
Criminalización a la carta
El caso de Renato no es aislado. En Puebla, diversas organizaciones han advertido sobre un patrón sistemático de criminalización a líderes comunitarios. La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), el Consejo Tiyat Tlali y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) exigen su liberación inmediata. Denuncian que el Estado está utilizando el aparato judicial para frenar la organización comunitaria y proteger intereses empresariales.
“La detención de Renato no es un acto de justicia, es una advertencia para quienes luchan”, señaló un pronunciamiento conjunto. La audiencia inicial se ha postergado en varias ocasiones y la familia teme por su integridad física. Quienes lo han visto de cerca han confirmado signos de violencia física.
Silencio institucional
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se deslindó del caso. Afirmó que se trata de “un asunto entre particulares”, pese a que las autoridades estatales han obstaculizado el acceso a la justicia. La Secretaría de Gobernación local respaldó esa postura. Mientras tanto, la defensa confirmó que existen al menos dos órdenes de aprehensión más contra otros integrantes del movimiento.
Frente a la Casa de Justicia de Cholula, organizaciones preparan una rueda de prensa y un mitin para exigir la liberación de Romero. La audiencia clave —en la que se determinará si será vinculado a proceso— estaba programada para la tarde del 2 de julio, pero también podría enfrentar nuevos retrasos.
Una defensa del agua, desde la cárcel
Lo que está en juego no es solo la libertad de un activista, sino el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos. La detención de Romero exhibe la vulnerabilidad de quienes se organizan por la vida, y la forma en que las instituciones se colocan del lado de los intereses empresariales.
Desde Cultura Errante, exigimos su liberación inmediata y garantías para la integridad de todas las personas defensoras del territorio.
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