La madrugada del 5 de junio de 2015 marcó un antes y un después para la comunidad estudiantil de Xalapa, Veracruz. Ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron víctimas de un ataque violento y coordinado en una vivienda de la calle Herón Pérez, un hecho que no solo dejó heridas físicas profundas, sino una herida abierta en la lucha por los derechos humanos y la justicia en México. Nueve años después, el caso sigue impune, y las víctimas y sus familias continúan esperando respuestas.

Aproximadamente diez hombres encapuchados, armados con palos, machetes y bates, irrumpieron en la casa donde se encontraban los estudiantes. En menos de cinco minutos, descargaron su violencia con saña: fracturas, heridas graves y la pérdida de dientes fueron solo algunas de las secuelas. Testimonios posteriores señalaron que los agresores actuaron con precisión, como si siguieran órdenes.

Lo más alarmante es que este no fue un acto aislado de violencia callejera, sino un claro mensaje de intimidación. En aquel entonces, circulaban rumores sobre una "lista negra" del gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte —hoy encarcelado por corrupción—, en la que figuraban estudiantes, activistas y opositores políticos. El ataque reforzó el clima de terror que vivía Veracruz en esos años, donde la disidencia era silenciada con impunidad.

La respuesta de las autoridades fue tan indignante como el crimen mismo. Vecinos alertaron a la policía, pero los agentes llegaron solo para retirarse minutos después, sin brindar ayuda a las víctimas. La Fiscalía de Veracruz, en lugar de investigar con rigor, archivó el caso en medio de irregularidades y desinterés.

Este patrón de impunidad no era nuevo. Durante el sexenio de Duarte, Veracruz se convirtió en un cementerio de causas justas: periodistas asesinados, estudiantes desaparecidos y activistas perseguidos. El ataque a los universitarios de la UV fue otro eslabón en esa cadena de violencia institucional. Pese al miedo, el caso no quedó en el silencio. Compañerxs, colectivxs y organizaciones de derechos humanos salieron a las calles para exigir justicia.

Sin embargo, el tiempo no ha traído respuestas. Hoy, mientras algunos funcionarios de aquel periodo enfrentan procesos por corrupción, este caso —como muchos otros— sigue en la opacidad. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se eligió en específico a estas personas? 

Diez años después, el ataque del 5 de junio no es solo un recuerdo de una época oscura en Veracruz: es un recordatorio de cómo la impunidad alimenta la violencia sistemática. Mientras las víctimas y sus familias esperan, la sociedad debe mantener viva la demanda de verdad y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En un México que aún lucha contra los crímenes del pasado, casos como este nos hace cuestionarnos ¿Cuántos casos, como este, seguirán esperando justicia? La memoria es, al menos, un primer intento que busca impedir que la historia repita.